La educación superior privada es un negocio que prospera a costa del desfinanciamiento de la universidad pública y el crecimiento de los créditos educativos. Hoy, pagar las costosas matrículas de las instituciones privadas es sólo uno de los obstáculos que los estudiantes deben enfrentar al incorporarse en las lógicas del mercado educativo.
Por: Alejandra Gálvez, Daniel Zaya, Edward Valencia, Jennifer Córdoba, Manuela Riveros, Jhonatan Galeano.
Cuando Nathaly entró a la Universidad Autónoma de Cali, tenía 17 años y una estatura superior al promedio, pero eso no impedía que su rostro la hiciera parecer una niña. Su cabello rizado caía sobre los hombros y a cada rato era posible distinguir su fina dentadura, sonreía casi todo el tiempo. Estaba dispuesta a hacer de la universidad la mejor experiencia de su vida. Pero al cabo de seis meses, los líos económicos comenzaron a eclipsar sus expectativas.
Milena Martínez, su madre, inició su proceso de pensión después de trabajar 35 años como enfermera. Los gastos del hogar quedaron a merced del padre, Francisco García, un hombre sencillo y de expresión severa que trabaja suministrando repuestos a las máquinas de los ingenios. De repente, un salario mínimo debía dividirse entre los cuatro recibos mensuales que llegaban a la puerta: servicios públicos, internet y televisión, y dos sobres que les recordaban las deudas que habían adquirido para pagar la universidad. Contra todo pronóstico, el dinero debía alcanzar para el mercado y los gastos cotidianos. “¿Cómo pueden vivir así?”, preguntó la trabajadora social de la universidad durante la visita domiciliaria. No sabía que los García no iban a cine ni comían fuera de casa desde hace mucho tiempo, que ya no salían los fines de semana y que ahorraban hasta lo más mínimo. Sólo privándose de tantos gustos superaron el colapso de la economía familiar. La crisis inició en el 2014, cuando Milena, afanada por el futuro de su hija, decidió pedir un préstamo para pagar la matrícula universitaria.
Una grieta de cinco metros divide en dos partes la fachada de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Nacional en Bogotá. El segundo piso ya no se sostiene: con su peso ha retorcido las ventanas del primero, por lo que Martha Combariza, directora del programa de Artes Plásticas, ha ordenado su desalojo. Los estudiantes se niegan a abandonar el resquebrajado edificio, declarado bien de interés cultural de la Nación. Ignacio Mantilla, rector de la Universidad, ha dicho que para restaurar la planta física del campus se necesitarían unos 2 billones de pesos. El presupuesto total del 2015 para la institución rondó los 1,5 billones. El Estado aumenta los recursos para las universidades públicas de acuerdo al alza anual en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), así lo plantea la Ley 30 de 1992. Este ritmo de crecimiento financiero impediría la ampliación de la cobertura, ya que el dinero aportado por la Nación pierde valor adquisitivo frente a los nuevos gastos de las universidades. Sin embargo, las matrículas en dichas instituciones aumentaron al punto de generar, según el Sistema Universitario Estatal (SUE), un déficit de 11,15 billones de pesos hasta 2012, es decir, más de seis veces el presupuesto aprobado para Cali ese mismo año.
Este desfase entre cobertura y presupuesto en las universidades públicas es tan grave que la Universidad Nacional en Bogotá, con el fin de conservar la calidad académica de sus más de 40 mil estudiantes, ha tenido que desentenderse de la mala salud de su infraestructura. Tiene 21 edificios en riesgo de alta vulnerabilidad y cuatro en amenaza de ruina: la torre de Enfermería, la Escuela de Cine y Televisión, el estadio Alfonso López Pumarejo y la Escuela de Artes Plásticas. En la Universidad del Valle, por ejemplo, la congestión en el restaurante universitario es cada vez mayor, hay filas multitudinarias para subir a los tres comedores que ya no dan abasto, y el edificio principal de la Facultad de Artes integradas está construido a medias. Cada vez hay más estudiantes matriculados en las universidades públicas con menos recursos por cada uno. El Director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), Jorge Armando Rodríguez, en su artículo sobre la reforma de la educación superior, publicado por Razón Pública, estima que en el 2023 el Estado habrá reducido sus aportes presupuestales de 2,5 millones a 1,9 por estudiante.
Debido a la progresiva desfinanciación, las universidades públicas están obligadas a conseguir recursos propios. El autosostenimiento, que era una característica propia del sistema privado, es ahora una tarea administrativa fundamental para las IES estatales. No siempre fue así. Según el informe del SUE “Desfinanciamiento de la educación superior en Colombia” (2012), hasta 1993 la Nación aportaba casi el 80% de la base presupuestal universitaria. Incluso el Decreto 80 de 1980, por el cual se organizaba la educación superior antes de la Ley 30, prohibía que se crearan instituciones oficiales cuya financiación no estuviera plenamente asegurada por el Estado.
En contraste, para el 2010 los aportes de la Nación apenas representaban el 48% del presupuesto de las universidades. Para completar los recursos adicionales las universidades acuden a estrategias que en ocasiones terminan socavando su misión pública. Por ejemplo, priorizar la contratación de docentes por horas cátedra, antes que una contratación de tiempo completo afecta y dificulta los procesos de investigación. También el alza en las matrículas es una medida que acaba con todo anhelo de gratuidad en la educación. La prestación de servicios y los programas de extensión son otras alternativas de autosostenimiento que vienen implementando las universidades públicas.
Por otra parte, en las universidades privadas hay miles de estudiantes con situaciones económicas complejas. A causa de la pobre cobertura de las públicas, muchos jóvenes se quedan por fuera y deben acudir a algunas privadas, las cuales representan el 72% de la oferta de educación superior en el país. En este caso, el estudiante podría asumir matrículas que superan hasta los 23 salarios mínimos.
Así le sucedió a Nathaly. Su madre tuvo que pedir un préstamo en el fondo de empleados de su empresa para cubrir los cerca de seis millones de la matrícula inicial. Aunque era una deuda llevadera, no alcanzaron a saldarla antes de que llegara la matrícula siguiente. La hora de la cena se llenó de inquietudes, las conversaciones se convirtieron en detallados análisis de economía familiar. La conclusión era la misma: con tan pocos ingresos era absurdo pedir otro préstamo. Sin embargo, Milena insistió en la agotadora tarea de buscar créditos educativos por todo el país. Su hija permanecería en la universidad costara lo que costara.
De banco en banco encontraron uno que les ofrecía intereses razonables y un tiempo amplio de pago. Enviaron los papeles y esperaron ansiosos. “No hay crédito a favor”, respondió la entidad bancaria, al parecer estuvieron de acuerdo en lo impensable que era asumir un crédito con un salario mínimo de respaldo. Era la primera vez que Nathaly veía a su madre preocupada por dinero. Para Milena, descansar después de pensionarse era una idea absurda, al contrario, deseaba conseguir un empleo adicional con tal de pagar el estudio de su hija por sus propios medios. Cerca al cierre de matrículas en la universidad, sólo quedaron las opciones que evitaron desde siempre: el Icetex y la tarjeta de crédito.
Endeudarse para estudiar, estudiar para trabajar, trabajar para pagar
Estar en un edificio del Icetex es como estar en un banco: hay que entrar, pedir turno, sentarse y esperar en silencio a que algún empleado lo atienda y le hable acerca de créditos, intereses y codeudores.
La sede del Icetex en Cali está ubicada sobre la carrera 100, justo enfrente de la Universidad del Valle. Tiene unas paredes de vidrio oscuro que permiten ver el interior: el mismo ajetreo discreto de un banco, solo que todos los clientes son estudiantes que poco saben de finanzas.
En ocasiones, la sala está tan llena que los estudiantes deben hacer fila afuera. La mayoría de las veces, este es apenas el comienzo de una vida financiera tortuosa y desgastante
Nathaly llegó allí sin mucha fe. Junto con sus padres, evaluó los riesgos de realizar el préstamo. No quería que le sucediera lo mismo que a una de sus primas, quien terminó de pagar el crédito ocho años después de graduarse. A pesar de la explicación del asesor, nunca les quedó claro a cuánto ascendería la deuda con los intereses y mucho menos cuánto tardarían en pagarla. Abandonaron el lugar esperando que la vida no los pusiera allí de nuevo, allí donde tantos han aceptado el peor de los contratos.
Sin embargo, para muchos no sucede igual. El crecimiento y la presencia continua del Icetex desde su fundación en 1950 se debe, entre otras razones, a que los estudiantes de las universidades en Colombia son mayoritariamente de las clases populares. Según el “Informe Nacional de Educación Superior”, hasta junio de 2015, el 80% pertenece a núcleos familiares con ingresos iguales o inferiores a tres salarios mínimos. No tienen otra opción que endeudarse para estudiar.
Los estudiantes de las universidades en Colombia son mayoritariamente de las clases populares. Según el “Informe Nacional de Educación Superior”, hasta junio de 2015, el 80% pertenece a núcleos familiares con ingresos iguales o inferiores a tres salarios mínimos. No tienen otra opción que endeudarse para estudiar.
A diferencia de Nathaly, Paola Muñoz no alcanzó a vislumbrar las consecuencias de un crédito con el Icetex. Esta aspirante a maestría de rostro pálido, labios gruesos y cabello negro, creía en las buenas intenciones que pregonaba la entidad: brindar oportunidades económicas y apoyar el futuro de los jóvenes. La ansiedad no le permitió leer con cautela las cláusulas del documento y en una actitud casi ingenua solicitó el préstamo. Primer desembolso: $15 millones de pesos para vivir en España durante el primer año de maestría. Paola partió convencida de que, al volver, sería una abogada con especialización en derecho ambiental.
A pesar de los cálculos, el costo de vida en Europa superó por mucho su presupuesto. En cuatro meses, gastó por completo el primer desembolso. Intentó conseguir empleo, pero una de las condiciones de la maestría era mantener intacta su condición de estudiante. No hubo más opción que regresar a Colombia, sin el título y con una deuda de $15 millones. Hasta el momento, ha pagado $14 y aún debe $9.
La mitad de su cuota mensual de $350 mil pesos termina en aporte a los intereses. “El sueño de la maestría se quedó allí, es un capítulo cerrado, y lo único que me queda de ese sueño es la deuda»
Admite Paola con resignación, cuatro años después de solicitar el crédito.
El Icetex será muy importante en los próximos años: el Acuerdo por lo Superior 2034 plantea que la mayoría de los estudiantes accedan a la educación superior mediante créditos. En 2015, las utilidades netas de la entidad fueron de 223 mil millones, más de la inversión presupuestada para el Ministerio de Cultura el mismo año. Actualmente, hay más de 400 mil deudores del Icetex. “Este es el apoyo que desde el gobierno se le da a la educación superior de los menos favorecidos: generarles intereses que se miden en millones de pesos, por permitirles acceder a la educación superior que en últimas debería ser totalmente gratuita”, dice Darío Arena, representante estudiantil al Consejo Superior de la Universidad de Caldas.
No fue posible obtener una declaración de funcionarios del Icetex acerca de las tasas de interés y las “deudas impagables”. Los directivos de la sede en Cali se negaron a dar información; según ellos, el único funcionario autorizado para hablar ante los medios de comunicación es Andrés Eduardo Vásquez, presidente de la entidad.
Sin posibilidades de un préstamo bancario, Nathaly y su madre acudieron a la tarjeta de crédito. Conscientes de que los intereses arruinarían sus bolsillos, el ahorro se convirtió en el centro de sus vidas. Cuando llegaban los recibos de cobro, la casa se llenaba de tensión y discusiones. Nathaly, en busca de alternativas, optó por un empleo adicional y se inscribió como aspirante al programa Pilos, un servicio de créditos de la universidad que consiste en trabajar en horarios extra clase a cambio de la mitad de la matrícula. Quedar seleccionado depende de las notas académicas del estudiante y de las conclusiones de la visita domiciliaria. La trabajadora social que visitó a la familia García analizó los recibos de la casa e hizo los cálculos: los gastos superaban los ingresos por más de medio millón de pesos. La mujer no dejaba de preguntarles cómo se mantenían a flote con una situación económica tan complicada. Días después de la visita domiciliaria, Nathaly recibió un correo que la certificaba como “pilo”. Hasta la fecha, reparte su tiempo entre el trabajo y el estudio. Como la suya, millones de familias han atravesado serias dificultades financieras al involucrarse en las lógicas del mercado educativo.
Colombia prefiere fortalecer los recursos para préstamos antes que encaminarse hacia una educación superior con cobertura plena y gratuita. Esto se debe, en parte, al seguimiento ciego de las recomendaciones hechas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial. En el documento Evaluaciones de las Políticas Nacionales – Educación Superior en Colombia (2012), estos organismos le recomiendan al país, entre otras cosas, el aumento de recursos para préstamos estudiantiles como el primer paso para mejorar el sistema de financiamiento, y la asignación de presupuesto basada en resultados, es decir, la competencia por incentivos financieros.
La respuesta de Colombia a dichas sugerencias se ha materializado en el fortalecimiento del Icetex, considerada una de las mejores instituciones de préstamos educativos a nivel mundial, y en la implementación de Ser Pilo Paga, un programa de créditos-beca para quienes obtengan los mejores puntajes en las Pruebas Saber 11, el cual otorga beneficios personales a los estudiantes, pero afecta el sistema de educación superior público. Según el Observatorio de la Universidad Colombiana, hasta la segunda versión de Ser Pilo Paga, las universidades privadas recibieron el 98,4% de los recursos del programa, mientras que a las públicas tan sólo les correspondió el 1,6%. Esto indica una clara desviación de los recursos estatales. Dinero público en manos de privados.
En su artículo “¿Ser Pilo Paga? No nos confundamos”, Roberto Behar, estadístico y doctor en Ciencias Matemáticas de la Universidad del Valle, se pregunta si los más pobres de verdad consiguen el puntaje exigido por el programa, siendo ellos los que reciben la educación básica y media de peor calidad. Según él, el Gobierno situó el punto de corte en 310 porque es lo que puede cubrir el presupuesto. Es decir, ¿qué sucedería si se duplica la cantidad de estudiantes que cumplen los requisitos para aplicar al programa?, Behar afirma que subirían la línea de corte a 345. En efecto, en la tercera versión, lanzada el 21 de octubre de 2016, Juan Manuel Santos anunció que el puntaje mínimo para los preseleccionados sería de 342. Behar se pasó por tres puntos.
Los problemas en el sistema de educación superior no se deben únicamente a la falta de voluntad política, en realidad, existen motivos económicos de fondo. El artículo 67 de la Constitución establece educación gratuita sólo hasta la secundaria. Esta falta de compromiso con el acceso a la universidad es también falta de compromiso con la investigación y la ciencia.
En un país que camina hacia una mayor demanda de operadores, es decir, de personas con conocimientos útiles para la vida laboral, la formación universitaria no es una prioridad. Así lo demuestra el Acuerdo por lo Superior 2034, donde el escenario ideal planteado por el Consejo Nacional de Educación Superior es aquel en el que la formación universitaria deje de representar el 65% de las matrículas en pregrado, como sucedió hasta 2015, para que sea la educación técnica y tecnológica la que ocupe ese porcentaje en el 2034. Es evidente que la educación superior es un negocio muy rentable, en especial para el Icetex, los bancos y las instituciones privadas. Que lo digan Paola y Nathaly, quienes vivieron un caos económico y emocional a causa de las deudas y las altas tasas de interés.
